Un 90 % de los tenderos en Medellín son extorsionados

En un debate virtual del Concejo de Medellín para analizar la problemática de la extorsión en la ciudad, el corporado Carlos Alberto Zualuaga reveló que, según datos de la Defensoria del Pueblo y Fenalco Antioquia, el 90 % de los tenderos de esta capital es víctima del delito de extorsión.

El concejal Zuluaga, en diálogo con Q’HUBO, dijo que por esta situación la Alcaldía tendrá que fortalecer presupuestalmente la Secretaría de Seguridad que en este sentido está muy débil y esta es la que tiene que luchar contra la criminalidad y garantizarle la tranquilidad a los medellinenses junto con otros organismos como la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía, la Policía Nacional y el Ejército.

Sobre el documento que dio a conocer Zuluaga sobre la extorsión, publicado por la Defensoría del Pueblo, asevera que “en 2020 Fenalco Antioquia reconoció que sus asociados pagan por vacuna una suma cercana a la de $ 50.000 millones anuales.

El corporado detalló que el presupuesto actual de la Secretaría de Seguridad es de $ 320.000.000.000, de ellos $ 211.000.000.000 son del presupuesto y $ 109.000.000.000 son del rubro del 5 % de toda la obra pública que se hace en la ciudad y se llama Fondos Territoriales para la Seguridad y la Convivencia para fortalecer los organismos de seguridad.

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Expertos invitados añadieron que con el aumento del comercio informal y la reapertura gradual del centro de Medellín, la extorsión podría superar los $ 12.000.000.000 mensuales. Alertaron que la percepción ciudadana frente a este delito es que no existe solución e, igualmente, aseguraron que la presencia de este crimen es muy alta en la ciudad, afectando la economía directa de los medellinenses. 

El concejal Simón Molina, quien hace parte de la primera bancada citante, afirmó que la seguridad es un principio y un valor democrático al que todos los ciudadanos tienen derecho y el cual se ve afectado por un problema público y complejo como la extorsión.

Recordó que, según la Encuesta de Victimización del Dane del 2019, el 2,2 % de los habitantes de Colombia de 15 años o más fueron víctimas de extorsión o intento de la misma en el período 2018, y el 81,4 % de las víctimas manifestaron no haber denunciado, siendo las mujeres las más afectadas. 

Manifestó su preocupación por la desconfianza en la institucionalidad por parte de la ciudadanía y concluyó en la necesidad de ser cercanos a las personas y mostrar resultados que animen a la comunidad a denunciar este flagelo en cualquiera de sus modalidades.

Hizo referencia en que el 81 % de los capturados son personas entre los 18 y 28 años de edad, y en lo apremiante de pensar programas y estrategias que a través de la legalidad y las oportunidades, les permitan construir un proyecto de vida. 

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Para finalizar habló de algunos retos para este cuatrienio, tales como consolidar la utilización de las herramientas tecnológicas, potenciar la denuncia anónima en línea, que en la mayoría de las ocasiones no se hace por miedo; potenciar la Empresa para la Seguridad Urbana, ESU; controlar la extorsión desde las cárceles y generar conciencia del fenómeno en la comunidad. 

Otras voces

El cabildante Fabio Rivera, segunda bancada citante, se refirió al manejo de seguridad en tema de extorsión y demás delitos en toda el Área Metropolitana, donde se puedan sumar esfuerzos en investigación, realizar despliegue operacional y destinar más presupuesto. Señaló que no se puede garantizar seguridad si no se tienen todos los elementos mínimos requeridos para hacerlo. 

Por último, hizo un llamado a la Secretaría de Seguridad a que no deje volver como algo natural todos aquellos delitos comunes que afectan a la ciudadanía como la extorsión, que no solo atemoriza sino que asfixia la economía en la ciudad. 

Concejales que intervinieron en la plenaria coincidieron en afirmar que se debe garantizar la seguridad de las personas que denuncian y no únicamente promover las denuncias anónimas, debido a que la información recolectada ayuda en la toma de decisiones políticas, pero no es funcional a la hora de ser un material probatorio.

Del mismo modo sugirieron un trabajo fuerte en educación y cultura ciudadana y mayor esfuerzo de la Secretaría de Juventud para impulsar el trabajo juvenil, ya que el desempleo en este grupo poblacional aporta en gran medida a que ellos hagan parte de redes dedicadas a este delito. 

El secretario de Seguridad, coronel en retiro José Gerardo Acevedo, indicó que la reducción de las denuncias se debe a la cuarentena, sin desconocer el esfuerzo y el trabajo de la fuerza pública. Expuso las estrategias para reducir el indicador de victimización por extorsión plasmado en el Plan de Desarrollo Municipal 2020-2023, entre ellas la de seguridad ciudadana con equipos para la prevención y control de delitos articulares, y la continuidad del programa Parceros. 

Afirmó el funcionario que la Secretaría tiene $ 33.333.000.000 direccionados a estrategias de seguridad ciudadana y crimen organizado, incluida la extorsión.

“No se desconoce el subregistro que hay respecto a las denuncias y la aceptación de este delito como una condición normal del territorio”.  

José Gerardo Acevedo, secretario de Seguridad.