Reacciones encontradas por la aceptación de las Farc del asesinato de Álvaro Gómez

Las Farc se atribuyeron el asesinato de expresidente de la Constituyente de 1991, Álvaro Gómez Hurtado y estas declaraciones levantaron aún más ampolla. Antecedente: Las […]

Luis Carlos Galán (izq.) y Ávaro Gómez Hurtado. / FOTO: COLPRENSA.

Las Farc se atribuyeron el asesinato de expresidente de la Constituyente de 1991, Álvaro Gómez Hurtado y estas declaraciones levantaron aún más ampolla.

Antecedente: Las Farc aceptaron ser responsables del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado

Enrique Gómez Martínez, sobrino de la víctima y abogado de la familia, calificó el hecho como un montaje y criticó a la JEP (Jurisdicción Especial para la Paz) por darle trámite a la carta enviada por el exsecretariado de ese grupo armado ilegal.

El apoderado de la familia hizo relación a la reunión que sostuvieron hace pocas semanas el expresiente Juan Manuel Santos y el exministro Juan Fernando Cristo, en la que se tocaron temas relacionados con el proceso de paz.

Además, se preguntó qué información se ha guardado la exsenadora Piedad Córdoba, que reapareció con declaraciones en el caso de la muerte de su tío y que precisamente ahora se conoce la supuesta responsabilidad de las Farc.

El abogado manifestó que la familia Gómez no ha sido notificada de esta decisión y que, cuando eso pase, evaluarán recursos jurídicos que haya a lugar.

Por su parte, el expresidente Ernesto Samper Pizano y el exministro Horacio Serpa aseguraron que están “sorprendidos con la noticia”, aunque esperan que esta sirva para “construir una nueva narrativa de paz y reconciliación”.

 

Sin embargo, el apellido del expresidente se volvió tendencia, porque pocos creen en su inocencia. Álvaro Gómez fue asesinado el 2 de noviembre de 1995 en Bogotá cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda, durante la administración Samper.

 

 

Gómez Hurtado fue un férreo crítico tanto de Samper como de Serpa, envueltos en un escándalo por el ingreso de dineros del cartel de Cali a la campaña presidencial, conocido judicialmente como el proceso 8000.