EN FOTOS: Estos son los 3 funcionarios de una Alcaldía antioqueña que habrían hecho un tumbis con plata para combatir el Covid

Medida de aseguramiento de carácter domiciliario dictó en las últimas horas el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión en contra de la secretaria de Salud […]

Los 3 empleados de Abejorral fueron capturados a comienzos de la semana en esa localidad del Oriente de Antiioquia./FOTO: CORTESÍA FISCALÍA.

Medida de aseguramiento de carácter domiciliario dictó en las últimas horas el Juzgado Promiscuo Municipal de La Unión en contra de la secretaria de Salud del municipio de Abejorral, en el Oriente de Antioquia, Alba Nury Bedoya Arango, por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado por apropiación, tentativa de peculado, contrato sin cumplimiento de los requisitos legales, falsedad ideológica en documento público e interés indebido en celebración de contratos.

Alba Nury Bedoya Arango, secretaria de Salud investigada.

En la misma decisión se impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad en contra de Juan Guillermo Gutiérrez Cortés, secretario de Gobierno de Abejorral, y de Aldemar Andrés Tabárez Arenas, jefe de la Oficina Jurídica del municipio.

Ambos investigados continúan vinculados al proceso, con restricción para salir del país, y deberán presentarse cuando sean requeridos.


La investigación adelantada por el grupo de tareas especiales Covid-19 de la Fiscalía General de la Nación y la Seccional Antioquia, con apoyo de la Dirección Especializada Contra la Corrupción, evidenció posibles irregularidades cometidas en la celebración de un contrato para el suministro de víveres a personas en situación de vulnerabilidad y de elementos de aseo y bioseguridad, para contener y prevenir los efectos generados por la pandemia del coronavirus en esa localidad.

La Fiscalía General de la Nación estableció que el contrato fue firmado el 27 de marzo de este año por valor de $ 267.795.977 y que habría un detrimento patrimonial superior a los $ 19.000.000.

Afirmó en un comunicado del ente acusador que la rápida intervención de la Fiscalía, junto con la Contraloría, en el marco de la estrategia Transparencia por la Emergencia, evitó que se ejecutará la totalidad del convenio y se perdieran otros $ 61.000.000.

Ninguno de los procesados se allanó a los cargos imputados.