El Juzgado 14 Penal Municipal, con funciones de control de garantías, avaló la petición de la Fiscalía y concedió medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el coronel Fredy Alberto Restrepo Jaimes, ordenador del gasto de la Central Administrativa y Contable del Ejército Nacional, Cenac; el capitán Harold Cárdenas Mesa, supervisor del contrato; el sargento segundo Carlos Eduardo Oviedo Cruz, oficial (e) de contratación, y la constratista Luisa María Castiblanco Zapata.
La investigación la llevó a cabo un fiscal adscrito al Grupo de Tareas Especiales Covid-19 y les formuló cargos a estas personas por presuntas irregularidades y sobrecostos en el contrato núnero 044, de 2020, el cual tenía como objeto la adquisición de elementos básicos de protección y desinfección para las unidades adscritas a la IV Brigada del Ejército, el cual fue celebrado por la Cenac de la ciudad de Medellín, con recursos destinados para prevenir la pandemia del Covid-19.
En este caso, la Fiscalía les imputó a los investigados los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, tentativa de peculado y falsedad ideológica en documento público.
El ente investigador precisó que la evidencia física y los elementos obtenidos en las investigaciones establecieron presuntos sobrecostos en un 50 % de los elementos adquiridos con el contrato celebrado por la Cenac con la empresa Pacific Group and Busines SAS, de la cual Luisa María Castiblanco Zapata es la representante legal y, al parecer, no contaba con la experiencia, idoneidad y capacidad financiera para llevar a cabo el objeto contractual.
Con los ojos encima
Estas investigaciones se llevan a cabo en desarrollo de la acción conjunta entre Fiscalía General de la Nación, Contraloría General de la República y Procuraduría para la defensa de los recursos públicos, en medio de las medidas tomadas para prevenir la expansión de la pandemia del coronavirus.
El comandante de la IV Brigada del Ejército, general Juvenal Díaz, dijo al que los militares investigados ya se encuentran en la ciudad de Bogotá, donde deberán permanecer bajo custodia militar.
Agregó que estas indagaciones se iniciaron debido a que la inspección del Ejército Nacional encontró posibles irregularidades en el contrato.
Concluyó que los elementos que se iban a adquirir tenían como destino la cárcel militar que hay en el Batallón Pedro Nel Ospina, de Bello; la Cuarta Brigada, de Medellín; la Séptima División , y la Brigada 14, con sede en el municipio de Puerto Berrío, Magdalena Medio de Antioquia.