Sin 11 kilos de marihuana se quedaron por estos días algunas plazas de vicio del barrio San Fernando, del municipio de Itagüí, debido a que cuando iban a ser surtidas el que las transportaba se topó con las autoridades y la dejó botada.
Con este hecho las finanzas de las organizaciones criminales se vieron afectadas, pues dejaron de recibir unos 250 millones de pesos producto de la venta de la yerba.
La incautación ocurrió a plena luz del día, en la calle 89 con carrera 48. Un hombre que vestía jean azul, camiseta negra y gorra oscura caminaba por el sector con una bolsa, cuando se dio cuenta de la presencia de la Policía y un canino antinarcóticos dejó tirado el paquete y empezó a correr.
Kipi, el canino, olfateó la bolsa y descubrió que se trataba de marihuana. En su interior estaban 18 bolsas plásticas herméticas con yerba y otras 150 bolsas pequeñas igualmente herméticas con 7 cigarrillos de marihuana cada una, para un total de 1092. Toda la droga pesó 11 kilogramos.
El secretario de Seguridad del municipio, Rafael Andrés Otálvaro Sánchez, reveló que el estupefaciente se encontraba listo para la venta en ese sector y el que la abandono quedó registrado en las cámaras de seguridad.
Con este caso ascendió 264,6 kilos de marihuana incautados este 2021, mientras que para el año anterior en la misma fecha iban 6,4 kilográmos.
Las plazas cambiaron de estrategia
El funcionario reveló que las labores investigativas les ha permitido conocer el modus operandi de las plazas de vicio del municipio. Según Otálvaro Sánchez, los criminales utilizan personas consumidoras o propensas para la venta del estupefaciente.
Son aprovisionados con dosis mínimas y al terminar de comercializarlas, los surten nuevamente. Cuando el jíbaro es abordado por la autoridad argumenta la posesión la dosis mínima, para no ser capturado y judicializado.
A raíz de eso, la Secretaría de Seguridad y las demás autoridades también le han salido al paso a dicho pretexto. Según Otálvaro Sánchez, están recogiendo elementos de prueba como videos, entrevistas y seguimientos autorizados por jueces para demostrar que efectivamente se trata de un jíbaro para detenerlo y judicializarlo.