La Policía Nacional tendrá que cancelar el proceso de contratación con la Comercializadora Bendito, con la que acordó el pasado 27 de julio la compra de 720 biblias por un costo de $ 26.000.000.
La Policía señaló en su momento que tenía proyectado comprarlas para la Capellanía General de la Institución, que tiene 64 capillas en los 32 departamentos del país.
Pues ahora el negocio quedó frenado por una acción de tutela interpuesta por la Asociación de Ateos de Bogotá, la cual consideró que hubo una vulneración a la libertad de culto y a la laicidad del Estado.
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El abogado Nicolás Calderón Grisales radicó una tutela pidiendo la protección de su derecho a la libertad de culto y el libre desarrollo de la personalidad.
En su recurso señaló que la biblia es un libro de la religión cristiana, “por lo que su compra por parte del Estado implica una violación al deber de neutralidad ante todas las religiones, por lo tanto, genera una violación directa al articulo 19 de la Constitución“.
Y añadió que la Policía lo esta discriminando en el proceso de contratación, “pues es ateo y se están utilizando los recursos públicos para la compra de libros religiosos”.
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó así la decisión del pasado 15 de septiembre del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá.
“Si bien es cierto mayoritariamente los miembros de la Policía Nacional profesan la religión católica, no por ello le está permitido la intervención directa de la institución a una determinada religión, y mucho menos la inversión de recursos públicos con exclusividad a tal religión”, agregó el Tribunal.
La Policía, según el despacho, intentó fortalecer la fe católica, cuando las instituciones del Estado deben ser en su totalidad laicas.
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La Policía, por su parte, señaló que al intentar comprar $ 26.000.000 en biblias nunca desconoció el principio del Estado laico. “Con apego a la política pública que propende por la libertad religiosa, promueve la participación de las entidades religiosas con personería jurídica reconocida, que libremente quieran participar y apoyar el desarrollo de la misión ardua de la Policía Nacional”, explicó la institución.
El despacho dio un plazo de 48 horas a la Policía para que suspenda ese proceso de compra.