Procuraduría le ordena a la Corte que el proceso contra Uribe debe pasar a la Fiscalía

/FOTO: COLPRENSA.

La Procuraduría General le solicitó a la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia remitir el expediente que adelanta contra el exsenador Álvaro Uribe Vélez.

Con este panorama la Corte Suprema de Justicia deberá remitir el expediente de la investigación, por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal, a la Fiscalía porque con la renuncia a su curul, el alto tribunal perdió la competencia para continuar con el proceso.

El ministerio público ratificó el llamado del procurador Fernando Carrillo sobre la obligación de todos los funcionarios de acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales y señaló que, con la separación definitiva de su curul, desaparece el fuero que la Constitución le otorgaba a la Corte Suprema, que solo puede conocer los procesos por presuntos delitos relacionados directamente con su función de congresista.

“El único escenario legítimo para la discusión y confrontación de las decisiones judiciales es el proceso mismo, acudiendo a los instrumentos que el debido proceso consagra, y a ninguno otro ajeno al mismo, por parte de las autoridades o de los ciudadanos”.

Procuraduría General de la Nación.

A juicio de la Procuraduría, todos los funcionarios públicos desde el presidente de la república hasta el más modesto de los servidores públicos deben respetar y cumplir las decisiones de la justicia, absteniéndose de cuestionar, desacatar o promover el incumplimiento de las mismas.

Para el ente de control con la renuncia desaparece la competencia de la Sala Especial de Instrucción, toda vez que los cargos por los que es investigado el exsenador corresponden a delitos comunes que no tienen relación con la función de congresista.

Esto analiza la Procuraduría

En su análisis, la Procuraduría estableció que la Sala no relacionó actuaciones desplegadas por el entonces senador dirigidas a consolidar un abuso de poder para controlar su liderazgo político, que pudiera tener incidencia en el caudal electoral o que diera paso a un acercamiento a las regiones de manera delictiva para consolidar su dominio y el posicionamiento en el cargo.

Tampoco se demostró que hubiera utilizado servidores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) o que pusiera en peligro latente su actividad en el Congreso de la República.

“Se observa que los hechos ocurrieron en época ajena a campañas políticas o contiendas electorales, en tanto ya era Congresista para ese momento, sin que pueda entonces evidenciarse relación entre estos y los objetivos de lograr una curul en el Senado de la República”.

Finalmente, precisó la Procuraduría que esta intervención responde a sus funciones constitucionales como Ministerio Público.

En otra decisión ligada con este proceso la entidad absolvió de responsabilidad al senador Iván Cepeda por falsos testigos, en el proceso contra Álvaro Uribe Vélez.