En segunda instancia el Consejo de Estado confirmó la perdida de la investidura del exconcejal de la ciudad de Medellín, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos, tras la sentencia proferida en primera instancia el 21 de marzo de 2019 por el Tribunal Administrativo de Antioquia.
Para el alto tribunal, el político antioqueño, de 48 años de edad, incurrió en conflicto de intereses, razón por la cual fue inhabilitado para ejercer cargos públicos de por vida.
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Según el Concejo de Estado, Guerra Hoyos, aprovechando su curul en el Concejo, participó de manera decisiva en la aprobación de la extensión tributaria para todos los damnificados de la constructora CDO, entre ellas su hija Alejandra Guerra Lotero, copropietaria de un inmueble en el conjunto residencial Asensi.
El exfuncionario lideró varios debates buscando disminuir dicha carga tributaria para los dueños de los apartamentos construidos por CDO, la empresa que construyó en El Poblado el recordado edificio Space.
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Hubo respuesta
Tras la decisión, el excorporado expresó su inconformismo por la decisión del alto tribunal y aseguró que no hubo conflicto de intereses.
Comunicado a la opinión pública por fallo del Consejo de Estado, en cuanto a mi investidura de ExConcejal de Medellín 2016-19. Como ciudadano continuaré defendiendo los intereses de Medellín, Antioquia y Colombia. Ni un paso atrás!! @elcolombiano @ELTIEMPO @elespectador @lafm pic.twitter.com/v6XUGUT6FO
— Bernardo Alejandro (@BernardoAGuerra) January 13, 2022
A través de un comunicado, manifestó: “La Sección Primera del Concejo de Estado desestimó todos los cargos en mi contra, con excepción únicamente de uno, referido a un supuesto conflicto de intereses por participar del Estatuto Tributario que consagraba alivios para todas las víctimas de los edificios evacuados de la ciudad, al tiempo que una de mis hijas sería víctima más de ese flagelo”.
Pero eso no fue todo, a través del documento dado a conocer a la opinión pública, Guerra Hoyos dijo: “Acudiré a la jurisdicción constitucional para desvirtuar este último cargo porque no existe conflicto de intereses cuando la actuación ha estado orientada al logro del bien común, y resultó probado que desde hace varios años he sido defensor de miles de víctimas de la estafa inmobiliaria de Medellín”.
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Por último, aseguró que seguirá defendiendo los intereses de Medellín “a pesar de los acosos judiciales en mi contra que al cabo del tiempo terminan fracasando”.