Hermano del general Palomino se declaró culpable por usurpación de inmuebles

Aceptando su responsabilidad por concierto para delinquir, fraude procesal, obtención de documento público falso, estafa agravada, hurto calificado y agravado, y usurpación de inmuebles, terminó […]

Él es Ramón Eduardo Palomino López. /FOTO: TOMADA DE LA WEB.

Aceptando su responsabilidad por concierto para delinquir, fraude procesal, obtención de documento público falso, estafa agravada, hurto calificado y agravado, y usurpación de inmuebles, terminó ante la justicia Ramón Eduardo Palomino López, hermano del exdirector de la Policía Nacional, Rodolfo Palomino López.

El exdirector de la Policía Nacional Rodolfo Palomino, renunció a su cargo en febrero de 2016. /FOTO: COLPRENSA.

En las próximas horas también serán presentados ante la justicia Nicolás Joel Trujillo Murillo y su padre José Asdrúbal Trujillo Pinilla, por presuntamente también pertenecer a la organización delincuencial Los Oportunistas, indicó el director de la Fiscalía General de la Nación Seccional Bogotá, José Manuel Martínez. Los sospechosos serán judicializados por los mismos delitos que el hermano del exdirector de la Policía.

¿Qué hicieron?

Estas personas “presuntamente se dedicaban a estafar a propietarios de viviendas o lotes cuyos dueños no se encontraban en Bogotá, igualmente defraudaban en negocios jurídicos y lícitos que tenían problemas jurídicos. Todo lo anterior a través de engaños y falsas promesas, obtenían documentos públicos espurios para posteriormente venderlos a terceras personas”, aseguró el José Manuel.

Pero eso no sería todo, según la Fiscalía, hay indicios que estas personas presuntamente habrían llegado a iniciar acciones civiles para acreditar posesión sobre casas o lotes. “El hoy procesado, supuestamente, aprovechó su vínculo familiar con el entonces director de la Policía Metropolitana de Bogotá y convenció a una mujer para que le otorgara un poder, y así levantar una hipoteca que pesaba sobre una casa”, indicó el ente investigador.

Con dicha autorización habría radicado escrituras falsas en una Oficina de Instrumentos Públicos y supuestamente tituló la vivienda a una persona que haría parte de la estructura delincuencial. Luego el inmueble fue vendido en $ 300 millones de pesos a un tercero, pero el bien no se entregó. En cuanto a la propietaria real, esta nunca obtuvo el dinero.