La Fiscalía judicializó en la pasadas horas a 42 presuntos integrantes de 3 estructuras criminales que delinquen en los municipios antioqueños de Turbo y Rionegro.
El primer operativo se realizó en el municipio del Urabá antioqueño, donde fueron aprehendidos por orden judicial 14 presuntos miembros de 2 pandillas conocidas como los Batman y los Pamperos, dedicadas a diferentes modalidades de hurto en esa localidad.
Otros 7 supuestos integrantes fueron notificados de las investigaciones en su contra en las cárceles donde se encuentran detenidos por otros procesos.
Para la captura y judicialización se asociaron 25 noticias criminales, la mayoría de ellas por delitos contra el patrimonio económico.
Los 21 procesados deberán responder por los delitos de concierto para delinquir con fines de hurto, hurto calificado y agravado, homicidios agravado, tráfico de estupefacientes, lesiones personales, extorsión, constreñimiento ilegal y fuga de presos.
Cayeron 21 personas
El segundo operativo se adelantó en el municipio de Rionegro, Oriente del departamento. Allí fueron capturados por orden judicial 21 personas presuntamente vinculadas a la banda los Pamplona, organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes en, por lo menos, 15 barrios y sectores de la citada población.
Todos los capturados fueron cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario, por el delito de concierto para delinquir con fines de narcotráfico.
Enfatizó la Fiscalía que desde el 2019 a la fecha, el trabajo articulado ha permitido la captura y judicialización de más de 200 integrantes de los Pamplona, 26 de ellos de nacionalidad venezolana, de los cuales han sido sentenciados más del 65 % a penas que oscilan entre los 4 y los 40 años de prisión, por delitos como concierto para delinquir, tráfico de estupefacientes, homicidio agravado, desaparición forzada y tortura. Además, se han decomisado 10 armas de fuego de diferentes calibres, numerosas dosis de cocaína, marihuana, cocaína rosada y fármacos derivados de la benzodiacepinas.
También fueron demolidos numerosos inmuebles utilizados para el expendio de estupefacientes. Se logró la inmovilización y comiso de 17 vehículos entre automotores y motocicletas.
Las acciones judiciales también han permitido adelantar procesos de extinción del derecho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles valorados en más de mil millones de pesos.