El partido político Centro Democrático reveló este jueves un contrato que, supuestamente, suscribió el magistrado de la Corte Suprema de Justica, César Augusto Reyes Medina, uno de los que le dictó medida de aseguramiento al expresidente Álvaro Uribe, con el gobierno de Juan Manuel Santos.
El CD afirmó que de esta manera se demuestra que las denuncias hechas por Uribe Vélez sobre “el sesgo político e intereses personales por parte de un sector de la Corte Suprema de Justicia” son ciertas.
Agregó el CD que “según establecieron los medios de comunicación, el magistrado César Augusto Reyes Medina, ponente del caso y quien elaboró el escrito con la solicitud de medida de aseguramiento en contra del expresidente Álvaro Uribe, antes de llegar a la Corte Suprema de Justicia, tuvo un contrato con el gobierno anterior, para una asesoría en los listados de beneficiarios del acuerdo que tenía la Oficina del Alto Comisionado para la Paz”.
Según los documentos el contrato se firmó en el 2016 por $ 574.674.360 y el magistrado Reyes fungía como subgerente de la empresa contratista. El mismo tuvo una ejecución de 5 meses y medio, se dio bajo la modalidad de contratación privada y fue pactado en 3 pagos parciales de $ 172.000.000, $ 230.000.000 y $ 172.000.000.
Comuicado dde la Corte.
“Este hecho ratifica que el proceso estaba empañado por claras intenciones de difamación e infamia, las cuales hoy quedan en evidencia, pero que adicionalmente ponen en riesgo la institucionalidad y credibilidad de la Corte”.
“Está empeñado en sus tácticas defensivas”
El presidente de Asonal Judicial, Luis Fernando Otálvaro, recordó que la decisión de la Corte contra Uribe la tomaron 6 magistrados, no 1.
Además relató que esto no inhabilita al funcionario para tomar decisiones, ni mucho menos es causal de impedimento para integrar un órgano judicial.
“Con ese tipo de ataques solo buscan debilitar a la Corte, deslegitimar la justicia, pues si quisiera defenderse el exsenador Álvaro Uribe, se limitaría a debatir los hechos por los cuales está siendo investigado, pero ello no se toca, en tanto que está empeñado en sus tácticas defensivas para desprestigiar al ente investigador, para que este no actúe, al mejor estilo mafioso, como el que tantas veces utilizó el Cartel de Medellin”, afirmó el dirigente sindical de la rama judicial.
Por ello, opinó que “este tipo de pronunciamientos son una forma de buscar debilitar y desligitimar las cortes para legitimar la impunidad”.
Recordó que ahora viene el fallo de segunda instancia que debe tomar la Corte Suprema de Justicia en torno a la condena del exministro del expresidente Uribe, Andrés Felipe Arias, y esta es una forma de coger a una Corte deslegitimida y débil.