En las últimas horas el presidente Iván Duque le puso su firma a la ley 2101 de 2021, que modifica el artículo 161 del Código Sustantivo del Trabajo y que abre la puerta a que se reduzca gradualmente la jornada laboral de 48 horas semanales a 42 horas.
La iniciativa, que fue radicada en octubre del 2019 por el expresidente Álvaro Uribe, quien era entonces senador, tuvo buena acogida en el Congreso y ha recibido elogios de las agremiaciones laborales, sin embargo, hay preocupación de expertos en industria y economía. Aquí los detalles.
Cambio de jornada laboral a cuenta gotas
Para no generar un impacto negativo en la economía, se acordó no aplicar de totazo la reducción de la jornada. Así las cosas, por los próximos dos años se mantendrá la jornada de 48 horas y a partir del 16 de julio de 2023, las empresas bajarán a 47 horas semanales.
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En 2024, se pasará a 46 horas, pero en 2025 se hará una reducción de 2 horas, quedando una jornada de 44 horas y el 2026 nuevamente se reducirá la jornada para quedar en 42 horas.
“La disminución de la jornada de trabajo no implicará la reducción de la remuneración salarial ni prestacional”, dice la ley.
Ojo a los casos especiales
La Ley también regula casos especiales. Quienes trabajen en actividades “especialmente insalubres o peligrosas se puede ordenar la reducción de la jornada de trabajo de acuerdo con dictámenes al respecto”, pudiendo ser incluso más corta a fin de garantizar mejor calidad de vida. También se dicta un régimen especial para el trabajo de menores de edad, de esta manera los jóvenes entre 15 y 17 años solo podrán trabajar en jornadas máximo de 6 horas, con límite hasta las seis de la tarde y que no superen las 30 horas semanales.
Los mayores de 17 años tendrán una jornada semanal de máximo 40 horas, que deberán distribuirse en un máximo de 8 horas diarias y con límite hasta las 8:00 p.m.
Quienes no la ven con buenos ojos…
Como era de esperarse, esta sanción presidencial ha tenido sus detractores, uno de ellos es el presidente de la Andi, Bruce Mac Master (foto), quien cataloga esta ley como “una decisión que va en contra del empleo”, y que en vez de generar nuevas oportunidades de ocupación logrará todo lo contrario.
“Este es el momento de crear empleo, construir oportunidades para los jóvenes y disminuir los índices de desocupación. Esta ha debido ser una ley de creación de trabajo y de superación de la informalidad; pero la desconexión con la realidad del país hizo que se convirtiera en una ley que hace todo lo contrario”, fueron sus palabras una vez el Congreso le dio luz verde.
Por su parte, el abogado laboral Édgar David Pérez, docente de la Universidad Libre de Colombia, nos dice que en el papel la ley es muy llamativo, pero esto llevará a las empresas a buscar otras formas de contratación para evadirla.
“Esto sería válido en un país con una economía diferente, desafortunadamente con el desempleo que hay y con la facilidad que tienen los empleadores de acudir a figuras no laborales o informales, como el contrato de prestación de servicios por ejemplo, lo que va a ocasionar esto en determinado momento es eso, que va a generarse mayor desempleo o cambiarán las figuras de contrato.
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“La rama laboral va a quedar muy bonita, pero nadie la va a tocar. De hecho, hasta el mismo Estado tiene el 70 % de su nómina por prestación de servicios. Si el mismo Estado lo hace, ¿por qué los demás no lo van a comenzar a hacer?”, explicó.