Fiscalía imputó cargos a exjefe de la Séptima División del Ejército, con sede en Medellín, por presuntos contratos irregulares

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al mayor general (retirado) del Ejército, Jorge Arturo Salgado Restrepo, por su presunta responsabilidad en los […]

General Jorge Arturo Salgado, quien fue comandante de la Séptima División del Ejército, con sede en Medellín. /FOTO: ARCHIVO.

La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos al mayor general (retirado) del Ejército, Jorge Arturo Salgado Restrepo, por su presunta responsabilidad en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación en favor de terceros.

Esta imputación la hizo el ente acusador a través de un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia,

Dijo la Fiscalía que los elementos de prueba conocidos en la investigación dan cuenta de que el exoficial, mientras se desempeñó como comandante de la Séptima División del Ejército Nacional, con jurisdicción en los departamentos de Antioquia, Chocó y Córdoba, entre 2016 y 2017, direccionó los contratos de cafetería y obra del Batallón de Servicios N°4 Yariguíes, de la Cuarta Brigada en Medellín, para que quedaran en manos de 2 contratistas específicos.

Está documentado que los pliegos de las licitaciones públicas habrían sido entregados previamente a las empresas beneficiadas para que ajustaran sus propuestas.

En ese sentido, fueron adjudicados 9 contratos de mantenimiento, adecuaciones y mejoramiento de las instalaciones a una empresa de ingeniería, por un valor cercano a $ 1.500.000.000, y 6 contratos de cafetería y cáterin (servicio de suministro de comidas y bebidas), que ascendieron a $ 331.000.000, a una distribuidora de logística, agregó la Fiscalía en su informe.

Incluso, continuó la publicación oficial, hay material que demostraría que, a cambio de la entrega de los contratos a la distribuidora, esta le pagó cuentas personales al oficial por concepto de tiquetes aéreos para la familia, comidas en restaurantes, asados, puestos en palco para los conciertos de la Feria de las Flores, facturas de celular y de televisión satelital, suscripciones de prensa, entre otros, cuyo valor ascendió a $ 151.397.660.

Por estos hechos el fiscal delegado solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de residencia para el mayor general en retiro.

Este proceso investigativo es el resultado de un reporte recibido por el Ejército Nacional, que detectó algunas de las anomalías en un plan estratégico anticorrupción.