La Corte Penal Internacional (CPI) emitió este viernes una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, como “presunto responsable” de la deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas en Ucrania hacia Rusia, lo que supone un crimen de guerra.
También emitió otra orden de arresto contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, con la misma acusación.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, identificó, en su petición de orden de detención del presidente Vladimir Putin, la deportación a Rusia de “al menos cientos de niños sacados de orfanatos y hogares de cuidado infantil” ucranianos, en el contexto de “actos de agresión” del Ejército ruso contra Ucrania.
Khan alegó que estos actos de deportación de menores ucranianos a Rusia y su adopción por familias rusas “demuestran la intención de sacar permanentemente a estos niños de su propio país”, un acto ilegal contrario a los Convenios de Ginebra.
La CPI emitió este viernes 2 órdenes de arresto, una contra Putin y otra contra la política rusa María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia, por deportación ilegal y forzosa de niños ucranianos, un crimen de guerra.
¿Qué dice el gobierno ruso?
Rusia calificó de “nula jurídicamente” la orden de arresto del jefe del Kremlin, “las posibles ‘prescripciones’ de arresto que salgan del Tribunal Internacional serán para nosotros jurídicamente nulas”, escribió María Zajárov, portavoz de Exteriores rusa, en su canal de Telegram.
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