Usando lencería y tacones. Así se paseó una mujer el pasado fin de semana en compañía de un extranjero por las calles de Provenza en El Poblado, en un hecho ya más que comentado, y el cual levantó la polémica.
Con los días se han conocido más detalles del hecho. El hombre que la acompaña es Patrick Slurink, quien sería propietario de un gimnasio ubicado en la ciudad de Genemuiden, Países Bajos.
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También se conoció que la mujer que sale en las imágenes es Alejandra Torres, quien es modelo webcam hace 5 años, pero quien asegura que lleva 10 años de relación con Patrick Slurink.
Ella habló con Q’HUBO sobre lo ocurrido ese día, cuando fue sancionada por exhibicionismo por las autoridades que llegaron al lugar.
“Nos tacharon de turismo sexual, cuando yo ya soy mayor de edad, estaba con mi pareja, a mi no me estaban obligando a nada, esto es algo que yo practico porque yo ya he hecho este tipo de contenidos“.
Dijo.
Aseguró que no considera que estuvieran haciendo nada malo, “ni atentamos contra la moral de nadie y no recibimos quejas de ninguna persona cuando yo estaba caminando con esa indumentaria”, agregó.
Añadió que en ningún momento hubo exhibicionismo.
“Estamos en octubre, es un mes donde hay temáticas de disfraces y trabajo con Onlyfans y el tráfico lo dirijo desde mi Instagram y por eso el video se estaba haciendo de esa manera. No había exhibicionismo porque Instagram tiene políticas de control donde no se debe ver ninguna parte genital y estaba con lencería. Era con fines lucrativos para mi página de contenido”.
Relató.
Agregó que aunque para algunos lo que hizo no fue bien visto, no existe ninguna ley que les impidiera hacerlo.
“No había ninguna ley que nos impidiera hacer lo que estábamos haciendo, que de pronto no fue bien visto por muchas personas por un tema de moral, es entendible, pero en términos legales no estábamos haciendo nada, porque no es turismo sexual“, concluyó en la entrevista que puede leer con más detalles en la edición impresa de Q’HUBO de este miércoles 13 de octubre.
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Hay que recordar que, tras el escándalo, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, le solicitó a las autoridades migratorias que el ciudadano fuera expulsado de Colombia y rechazó la creación de una zona de tolerancia en el sector, argumentando que esto podría ser un detonante de explotación sexual de menores de edad.