El expresidente Álvaro Uribe Vélez. /FOTO: COLPRENSA.
Tras la decisión de la Corte Constitucional, de negar la tutela interpuesta por la defensa del expresidente Álvaro Uribe, se mantiene en firme la investigación en su contra por presunto soborno de testigos, que completa casi 9 años y que ha estado marcada por demandas, contrademandas, tutelas, recusaciones, cambios de competencia y hasta cambios de ley aplicable.
Desde el pasado 26 de julio, el caso está en manos de un juez que estudia una solicitud de preclusión presentada por el fiscal Gabriel Jaimes, quien considera que no hay elementos suficientes para llamar a juicio al exmandatario.
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En una intervención que se extendió por 8 sesiones, Jaimes presentó una gran cantidad de pruebas que en su mayoría ya habían sido expuestas por la Corte Suprema de Justicia, pero a las que el ente acusador les da una interpretación contraria para concluir que no hay lugar para continuar el proceso. Además, centró su intervención en que Juan Guillermo Monsalve, testigo principal del caso, dijo mentiras.
Sin embargo, esta solicitud ha sido fuertemente criticada por los abogados de las víctimas, porque, según ellos, hay un claro interés del fiscal en el proceso y tiene falta de independencia e imparcialidad para dirigir la investigación.
Reinaldo Villalba, representante del senador Iván Cepeda y quien fue el primero en intervenir por parte de las víctimas, acusó a Jaimes de no hacer un análisis integral de las pruebas:
“Lo que ha hecho es repetir una muy importante cantidad de declaraciones que no cambiaron las conclusiones a las que había llegado la Corte Suprema”.
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De acuerdo con Francisco Bernate, abogado y presidente del Colegio de Abogados penalistas de Colombia, con la decisión adoptada por la Corte este miércoles, Álvaro Uribe Vélez conserva su condición de imputado dentro del proceso penal y, por ende, la Fiscalía debe continuar con esta solicitud de preclusión, que seguirá el próximo martes 16 de noviembre, con la intervención del abogado Miguel Ángel del Río, representante de Deyanira Gomez.
Además falta por intervenir el representante de la Procuraduría y el abogado defensor Jaime Granados. Al igual que la acreditación de una nueva víctima en el proceso.
Por esta razón, la decisión frente a la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía se puede tomar hasta el próximo año y podría concluir en un archivo del proceso o en una acusación ante un Juez de Garantías.
A través de las redes sociales los colombianos expresaron su opinión sobre este hecho. Los adeptos del exmandatario se mostraron indignados, mientras que sus detractores lanzaron algunas críticas.
A continuación, algunas de las opiniones de los cibernautas:
Redacción Colprensa.
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