Imputan a exalcalde de Caldas, Antioquia, habría tramitado un proyecto urbanístico en reserva forestal

La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que le imputaron cargos al exalcalde de Caldas, Antioquia, Carlos Eduardo Durán Franco, pues habría tramitado un proyecto urbanístico en reserva forestal.

Y es que de acuerdo a la Fiscalía, el material de prueba da cuenta de un posible interés del exmandatario para que se permitiera la construcción de viviendas de interés social en inmediaciones del río Medellín o río Aburrá.

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Al exalcalde le imputaron el delito de prevaricato por acción

Una fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputó al exalcalde por el delito de prevaricato por acción.

“El procesado, quien se desempeñó como mandatario en el periodo 2016 – 2019, presentó un proyecto de acuerdo que ampliaba la franja urbana del municipio. La propuesta fue aprobada por el concejo sin objeciones y, el 30 de noviembre de 2016, el alcalde Durán Franco la sancionó.”

Señaló la Fiscalía.

En ese sentido, se permitió que seis predios fueran usados para construir viviendas de interés social.

Pero, el materia de prueba indicó que “al cambiar el uso del suelo se desconoció que el área extendida es una zona de reserva forestal y de especial protección ambiental por estar ubicada en inmediaciones de la ronda del río”, informó el ente acusador.

Además, informes técnicos, que dio a conocer la Fiscalía, indican que son terrenos con riesgo de erosión, de inundaciones y de movimiento de masas, por lo que no resultaban aptos para actividades urbanísticas.

Asimismo, de acuerdo al ente acusador, “no existía garantía de servicios públicos porque la empresa encargada del suministro de agua potable y de las redes de acueducto certificó que no podía cubrir estas necesidades por falta de infraestructura física“.

Lo que podría enfrentar el exalcalde de Caldas

De acuerdo al artículo 413 del Código Penal sobre el prevaricato por acción, “el servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a la ley incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses”.

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