Turistas estarían haciendo y deshaciendo en urbanizaciones de Medellín

Inseguridad, consumo de estupefacientes en zonas comunes y comportamientos indebidos frente a menores de edad se están viviendo en algunas urbanizaciones de Medellín por cuenta del arriendo de apartamentos a turistas a través de plataformas como Airbnb, Booking y Despegar.

Uno de los conjuntos residenciales afectados con esta problemática es La Riviere, ubicado en Ciudad del Río, donde los residentes ya están cansados de la situación y han llegado hasta a pensar en irse del lugar.

Ese es el caso de Juliana Orrego, quien vive allí desde hace un año y se declaró cansada y aburrida con la situación.

“Compramos con la idea de que era un proyecto con un carácter familiar y nos encontrarnos con situaciones de prostitución, consumo de drogas al interior de nuestra unidad. El olor recurrente a marihuana en el hall no es lo que queríamos”, afirmó Juliana, quien contó que están tratando de encontrar alguna solución para poderse quedar.

5 denuncias han puesto en la Superintendencia de Industria y comercio sobre el caso La Riviere.

Carlos Amaro es el presidente del Consejo de la unidad. La situación es bastante preocupante y por eso han interpuesto 5 denuncias en la Superintendencia de Industria y Comercio, pues el reglamento del edificio está enfocado solo en uso residencial, no turístico.

Sin embargo, varios propietarios utilizan sus inmuebles como vivienda turística, pues no residen en los apartamentos y los alquilan, al parecer, pasándose la norma por la galleta.

“Hay muchos vecinos que le están haciendo mico a la ley, hacen contratos de 31 o 32 días y realmente las personas se quedan 5 ó 6”, manifestó Amaro, quien precisó que, según la norma, esos contratos de alquiler se deben hacer por un tiempo superior a un mes para que la vivienda no sea catalogada como turística.

Les montaron operativo

Para tratar de controlar la situación, el pasado 27 de marzo, se hizo un operativo de verificación en el edificio. Hasta el lugar llegaron uniformados de la Policía, quienes visitaron los apartamentos que son arrendados en esa modalidad y revisaron la documentación de los turistas que estaban alojados allí, entre ellos, había varios extranjeros.

Sin embargo, no se pudieron imponer sanciones, pues estas solo se le pueden aplicar a los propietarios de los inmuebles y, como era obvio, ellos no estaban en el sitio. El paso a seguir será citarlos para que respondan por incumplir la norma de las zonas residenciales y, llegado el caso, se sellen los apartamentos.

Pero, al parecer, estas personas no le temen a esas sanciones. De acuerdo con Amaro, ante la queja de los demás residentes, quienes estarían incumpliendo la ley únicamente habrían dicho que les pongan las sanciones, pues el negocio es tan rentable que no les importa tener que pagar una multa. El conjunto residencial tiene 2 torres en funcionamiento, con un total de 388 apartamentos, y, de ellos, unos 30 son los que están causando las afectaciones.

¿Se está desvalorizando?

Amaro aseguró que la situación está haciendo que el sector, es decir, Ciudad del Río, esté perdiendo valorización, pues esta es como una enfermedad que también padecen otros conjuntos residenciales del sector.

“Esto ha disparado en la unidad un tema que es difícil de controlar y es la prostitución, porque los extranjeros traen prepagos todos los días y utilizan las áreas comunes, las piscinas, haciendo que se pierda el entorno familiar”.

Enfatizó.

En esto hace hincapié la concejal del Centro Democrático Claudia Ramírez, quien advierte que esta situación también facilita la trata de personas y hasta los casos de robos con escopolamina, como ya ocurrió.

La víctima fue un ciudadano japonés y el caso es investigado por la Sijín de la Policía. Resulta que hace 6 meses el extranjero, al parecer, ingresó a una mujer a uno de los apartamentos, pero no la quiso registrar en la portería y esto generó una pelea con los porteros.

El hecho ocurrió un sábado en la madrugada y él se despertó al domingo, al mediodía. Para entonces, la mujer no estaba, el apartamento estaba saqueado y a él le faltaban tarjetas y dinero.

Quejas desde otros puntos de la ciudad

La concejal Ramírez manifestó que desde que era edil viene trabajando este tema en El Poblado, donde la proliferación de esta modalidad de alquiler es muy grande y se evidencia en lo que llamó “El Poblado-Centro’, donde confluyen el comercio y el turismo, es decir, en sectores como Provenza, Vizcaya y El Tesoro.

30 días, mínimo, debe durar el alquiler de una vivienda para que no sea catalogada como turística.

“Primero nos pusimos a entender la ley y empezamos a trabajar con las administraciones de los edificios para que nos ayudaran”, aseveró la corporada, quien explicó que con los reglamentos de propiedad horizontal se puede frenar esta problemática y proteger los entornos residenciales.

Ahora, como concejal, Ramírez afirma que también ha recibido quejas de sectores residenciales diferentes a El Poblado, entre ellos, las comunas de Guayabal, Laureles, La Candelaria (centro de la ciudad) y Robledo, mientras que en San Javier también se conocieron casos similares, donde se están arrendando apartamentos bajo esta modalidad, aprovechando justamente la afluencia de turistas al grafitour.

Un negocio rentable

Johana Montoya reside en el sector de Patio Bonito, en El Poblado, y asegura que esa y otras zonas de la comuna están repletas de extranjeros que alquilan en la modalidad Airbnb o en hoteles. Ella decidió entrar en el negocio y alquiló algunas de las habitaciones de su apartamento a través de la aplicación.

Montoya aseguró que nunca tuvo problemas con sus vecinos porque elegían muy bien a los huéspedes y solo aceptaban mujeres estudiantes o que venían a la ciudad a hacer pasantías. Los contratos los hacían mínimo por un mes, incluso llegaron a hacer hasta por 6 meses. Se cuidaban mucho para no ser catalogadas como turismo porque sabían que infringirían la ley.

“Por Airbnb se gana mucho más”, enfatizó. Y es que por un mes, por una habitación se ganaban hasta $ 1 millón.

“Yo paré en pandemia y ahora alquilo directamente a estudiantes, pero las ganancias, a través de la aplicación, se reciben en dólares y, con el precio que está ahora, se debe recibir más plata”, concluyó.

¿Cómo acabar el problema?

Los ciudadanos que estén viviendo este tipo de problemáticas pueden acudir a las administraciones de los conjuntos residenciales. A través de las asambleas y con los reglamentos se puede hacer control a la situación. Asimismo, se puede buscar apoyo en la Policía y hasta buscar la ayuda de Migración Colombia.

En ese sentido, la concejal Claudia Ramírez destacó la labor realizada por Carlos Amaro y sus vecinos en la urbanización La Riviere, pues recalcó que la ciudadanía se debe organizar y realizar este tipo de acciones para proteger a los residentes y a las familias.

¿Por qué no se pueden usar como viviendas turísticas?

Generalmente, los reglamentos de propiedad horizontal no autorizan el uso de los apartamentos como vivienda turística, por tal razón los propietarios no pueden obtener el Registro Nacional de Turismo y sin él las diferentes plataformas no publicarán el inmueble.

La prohibición también cobija a quienes le dan un uso comercial al apartamento, pues la destinación del inmueble sería diferente a la contemplada por el reglamento de propiedad horizontal. Pero si la urbanización no tiene esta prohibición en su reglamento, los propietarios pueden convocar a una asamblea y cambiar el reglamento.

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