Jueza ordenó casa por cárcel para la secretaria de Educación y exdirectora de Buen Comienzo

La jueza 39 municipal de control de garantías de Medellín ordenó medida de aseguramiento de casa por cárcel en contra de Alexandra Agudelo, actual secretaria de Educación de Medellín, y Lina María Gil, exdirectora de Buen Comienzo.

La decisión judicial se conoció en la tarde de este lunes, 20 de febrero, en una de las audiencias que se adelanta por presuntas irregularidades en la contratación de Buen Comienzo, que atiende la primera infancia de la ciudad y el PAE (Programa de Alimentación Escolar).

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Sobre el otro imputado, Henry Paulison Gómez, quien para el momento en que se presentaron los hechos era el representante de la corporación Colombia Avanza (con quien la Alcaldía contrató), no se concedió la petición del ente acusador. Sin embargo, la Fiscalía apeló esta decisión de la juez.

¿Qué se investiga?

La Fiscalía investiga si hubo corrupción en contrataciones con el programa Buen Comienzo y el PAE.

La secretaria de Educación y a los otros dos procesados los imputaron por los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros y tentativa de peculado en favor de terceros.

Esto, por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos en el 2020 (para atender la modalidad familiar de Buen Comienzo, y para entregar paquetes alimentarios a población escolar).

Ambos fueron suscritos entre la Secretaría de Educación y Colombia Avanza y en los dos se habrían presentado anomalías como una oferta en la que se habrían ajustado requisitos para, presuntamente favorecer al contratista, sobrecostos y duplicidad en el pago.

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Por ejemplo, en uno de esos contratos, que fue por un valor de 23.000 millones de pesos para la entrega de paquetes alimentarios a los niños y las madres gestantes de Buen Comienzo, en 2020, se habrían malversado 1300 millones de pesos.

¿Qué sigue ahora?

Con la decisión de casa por cárcel para las dos funcionarias, ahora se debe programar una nueva audiencia ante un juez de segunda instancia que resuelva las apelaciones interpuestas tanto por la Fiscalía, como por la defensa de Agudelo y Gil.

Aunque la jueza manifestó que no hubo una sustentación adecuada de la Fiscalía sobre la posibilidad de que los procesados incurran en obstrucción a la justicia, sí manifestó su temor de que las dos funcionarias pudieran repetir las presuntas conductas por las que se les investiga, pues ambas continúan trabajando en el sector público.