Si aprovechó el decreto 797 para terminar un contrato de arrendamiento, bien hecho, porque ya la Corte lo tumbó

El pasado 2 de junio el Gobierno nacional expidió el decreto 797, en el que se establecía que, hasta el pasado 31 de agosto, el arrendatario debía pagar un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato de arrendamiento para ponerle fin, todo, por la situación económica generada por la pandemia.

Y la Corte Constitucional acabó de darle jaque mate a esa gabela para los arrendadores, al tumbar este jueves el decreto con una votación de 5 a 4.

Recordemos que la cláusula exige al arrendatario pagar 3 meses de arrendamiento si decide terminar el contrato antes de lo pactado y, con el decreto, esta se reducía a uno. Además, aplicó para los sectores que, para la fecha de su emisión, todavía no tenían permitido trabajar, como bares, discotecas, casinos, gimnasios entre otros.

“Como consecuencia directa de la terminación unilateral del contrato de arrendamiento de local comercial, el arrendatario será obligado al pago del valor correspondiente a un tercio de la cláusula penal pactada en el contrato, sin que proceda cualquier otra penalidad, multa o sanción a título de indemnización, proveniente de la ley o de acuerdos entre las partes”, decía el decreto.

El presidente de La Federación Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz, Fedelonjas, Daniel Vásquez, se mostró a favor de la decisión.

El gremio se encuentra a la espera de conocer en detalle el fallo de la Corte para saber los alcances que tendrá. Sin embargo, se prevé que no se afecten la situaciones que se consolidaron en cumplimiento del decreto que estuvo, ya que los efectos serían a futuro y no retroactivos.