“Quien diga que se debe hundir la tributaria está haciendo cálculos electorales”: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, manifestó que, pese a las tensiones políticas y sociales que ha provocado la reforma tributaria, el Congreso debe, al menos, discutir el proyecto presentado por el Gobierno nacional, porque no se pueden hacer cálculos electorales que pongan en riesgo la sostenibilidad del país.

La funcionaria no descartó su renuncia al cargo para entrar en la contienda electoral del próximo año, aunque indicó que en este momento está enfocada en la reactivación económica, el impacto de la pandemia sobre la economía informal y la equidad de género.

¿A quién se refería específicamente cuando manifestó que por politiquería y cálculos electorales pretendían hundir la reforma fiscal que presentó el Gobierno nacional?

“Me refiero a los distintos congresistas que por algunas bancadas piden que se hunda un proyecto de ley que, al menos, tiene que discutirse. La reforma es susceptible de mejoras y de eso se trata el debate del Congreso, mejorar el proyecto para que no golpee a ningún sector y menos a la clase media. Pero eso se hace en un debate, no retirando el proyecto. Cualquiera que diga que hay que hundir el proyecto está haciendo cálculos electorales”.

Se rumora mucho sobre su renuncia al cargo de vicepresidente de la República. ¿Todavía lo está pensando?

“Yo creo que lo que pasa es que hay demasiados aspirantes al cargo de vicepresidente, entonces cada tercer día vemos distintas personas nominadas. Por ahora lo mío es estar haciendo el trabajo que estoy haciendo por Colombia. Yo estoy muy concentrada en los informales, en la equidad de género y en la reactivación económica”.

Ramírez también habló del trámite del proyecto de ley de ‘Transparencia y lucha anticorrupción’ presentado por su dependencia.

Durante la discusión de este proyecto, que surte su trámite en la Comisión Primera, varios congresistas presentaron sus inquietudes frente a la iniciativa, pues, según ellos, esta no es una herramienta para combatir los grandes problemas de corrupción del país.

En un año electoral en donde el ambiente está enrarecido con la reforma tributaria, ¿cree que el Congreso va a abordar la discusión de la ley presentada por la vicepresidencia?

“Esa es una ley que el país necesita urgentemente, que se enfoca en prevenir la corrupción y esa es la ley número uno que necesitan los colombianos. Cuando hay voluntad política, las leyes salen adelante y esta es una ley que tiene todos los elementos para luchar contra la corrupción, una iniciativa que es muy importante. Ya se votó el informe con el que terminó la ponencia del senador Germán Varón y 5 artículos. De tal manera que el Congreso está dando una muy buena señal en ese sentido”.

El proyecto encontró oposición en el Senado, pues dicen que no es el verdadero tratamiento contra la corrupción del tipo Odebrecht o Reficar. ¿Cómo combate el proyecto estas situaciones para que no vuelvan a pasar?

“Al contrario, aquí nosotros hacemos una norma donde se le impone una sanción jurídica a las personas jurídicas, se les da responsabilidad por el delito de la corrupción. Además de poner a responder a los representantes legales, directores y administradores, también la persona jurídica tiene que tener consecuencias. Entre ellas que no puede contratar con el Estado por un periodo de tiempo.

“Este proyecto permite la trazabilidad de esos recursos de la contratación. Entonces, sí resuelve y fortalece la capacidad de prevención del Estado como un todo”.

En el Congreso también dicen que quitarle la personería jurídica a las empresas, como contempla el proyecto, no sirve para combatir la corrupción y que al contrario afecta el empleo. ¿Qué opina al respecto?

“Lo primero es mandar una señal inequívoca a las multinacionales que este país no tolera la corrupción. No puede ser que aquí, con el argumento de la inversión, terminemos doblegando al país; el país sí necesita inversión, pero una limpia y comprometida con el cumplimiento de la ley y la transparencia en Colombia. A nosotros una organización criminal como la que montó Odebrecht no nos sirve para generar empleo. En cambio destruye la riqueza nacional”.

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Otro de los argumentos en contra del proyecto indica que favorecer a quienes denuncien actos de corrupción puede llevar a falsas denuncias y a cartelización de la justicia. ¿Qué responder a estas críticas?

“Lo que hace este proyecto es que la información que se brinde y que se compruebe que es una información que lleva a detectar, prevenir o investigar casos de corrupción, tiene que garantizarle a la persona que va a quedar protegida por el Estado, para que no la terminen matando, o para que no vaya a perder su puesto. Muchas veces al interior de una entidad los compañeros de trabajo son los que se dan cuenta y denuncian los hechos de corrupción.

“Lo que quiero es que esas personas que conocen una entidad y ven que existen hechos de corrupción denuncien y uno les garantice que el Ministerio de Trabajo les guarde el empleo, que no los vayan a botar del puesto. Que no los vayan a mandar al último rincón de Colombia por haber denunciado la corrupción, esto es importante, porque proteger la identidad a los corruptos no se puede, en esto es en lo que avanza la legislación internacional. Yo sería partidaria, incluso estaba en el proyecto inicial, de que se ofrezca una recompensa a las personas que brinden información de corrupción”.

¿Cómo evitar la falsa denuncia?

“No puede haber ese tipo de casos, porque todo debe tener pruebas. No puede ser por rumores, los organismos de control no van a actuar por chismes de pasillo, tiene que haber un elemento probatorio que conduzca a identificar ese hecho corrupto”.

Colprensa.