El escándalo que tumbó al embajador

Ante el presidente de la República, Iván Duque Márquez, presentó su renuncia el embajador de Colombia en Uruguay, Fernando Sanclemente, luego de que el fiscal general, Francisco Barbosa, anunció que lo vinculará a la investigación por el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una finca de su familia en Guasca (Cundinamarca).

“Anticipándole mi más infinita gratitud por el honor que me confirió, designándome como embajador de su Gobierno ante Uruguay, pero muy especialmente por su solidaridad y apoyo recibido por usted señor presidente y la Cancillería a lo largo de la licencia no remunerada que me fuera concedida con el único propósito de atender la defensa de mi buen nombre, el de mi familia y socios, con ocasión del penoso y desafortunado hecho delictivo de público conocimiento acaecido en predios de nuestra propiedad, es mi deber, en aras de proteger y garantizar el buen nombre suyo y de su Gobierno, presentar a su consideración mi carta de renuncia a partir de la fecha”, señaló Sanclemente en la carta enviado al presidente Iván Duque.

El ahora exembajador asegura que debido a las recientes declaraciones del fiscal Francisco Barbosa sobre su caso, en el que se le vincula a una  investigación formal por este caso, se hace necesario marginarse de su cargo  para preparar su defensa  y demostrar su inocencia.

Su caso

Horas antes de su renuncia, Sanclemente había dicho que no había pedido privilegios ni tratos preferentes ante la justicia colombiana, pero que esperaba la garantía fundamental al debido proceso y a la pronta justicia.

El exembajador recordó que es socio de varias empresas familiares, entre ellas a la que pertenece el 50 % de capital en la sociedad Las Colinas de Guasca Ltda., firma propietaria de la finca de Guasca donde el pasado 12 de febrero de 2020 fue hallado un laboratorio de procesamiento de estupefacientes.

Sanclemente ha dicho en sus diversas declaraciones que el laboratorio de droga venía operando sin que los propietarios de la finca lo supieran.

“Es clara la ausencia de vinculación entre los propietarios de la finca y la actividad ilícita hallada en ella y, con la información a nuestro alcance, concluimos que el laboratorio ‘sembrado’ en una parte boscosa de la finca no tenía más de 3 a 4 meses de existencia y no ocupaba más de 100 mt2”, indicó en su reciente comunicación.